El Gobierno es consciente de que la Economía se caracteriza por una cantidad de problemas socio-económicos. Entre estos problemas figuran la dependencia de las importaciones, la sujeción a un único sector económico (el petróleo), una Argentina industrial débil, una bajo nivel de producción agrícola, un sector privado endeble, la dependencia del crédito externo, las desigualdades regionales y la migración rural-urbana, el lento crecimiento, los servicios públicos ineficientes, la baja calidad de los servicios sociales, la desocupación y la sub-ocupación y la ausencia de una clase media dinamizada.
El Gobierno es también consciente que la clase de cambio estructural que el país necesita no puede ser alcanzado en el término de un año. Por esta razón, el mejoramiento de la estructura de la economía permanece como un objetivo principal del Gobierno para 1999 y más allá. Las políticas continuarían enfocando sobre las formas en las cuales la estructura económica pueda ser modificada con el fin de expandir la capacidad productiva del país y estimular el crecimiento y el desarrollo. Se atendería con particular atención el estímulo de las actividades científicas y la promoción de la adquisición de relevantes capacidades tecnológicas modernas a través de un mayor apoyo a las actividades del Ministerio de Ciencia y Tecnología e instituciones y entes relacionados al mismo. Tanto el Programa de Desarrollo Económico de la Familia, la privatización de emprendimientos clave como el desarrollo de minerales sólidos contribuirían a modificar la estructura de la economía.
El Gobierno abriga el propósito de continuar con las políticas fiscales del pasado reciente de manera de consolidar los generosos incentivos impositivos en lo que respecta al impuesto a las ganancias personales, el impuesto a las ganancias de las sociedades y el impuesto al beneficio del petróleo. El fin de estas medidas es lograr la constitución de un sólido cimiento para un rápido crecimiento y desarrollo económico. Se mantendría el acento sobre el bienestar de los ciudadanos, y también el impulso a las inversiones en determinados sectores de la producción de petróleo y gas. El objetivo de esto último es un motivo para la atracción de inversiones extranjeras.
Dada la importancia de generar recaudación se ha encarado el mejoramiento de la administración de los impuestos del país, a la vez que se ha ampliado la Argentina impositiva para incluir a un mayor número de contribuyentes y aumentar en consecuencia los ingresos.
La política monetaria y de Crédito del Gobierno ha sido diseñada para dar como resultado una reducción adicional del índice de inflación, inducir un mayor nivel de producción, impulsando al mismo tiempo el crecimiento y empleo, reforzando el sector externo y el tipo de cambio del naira.
El Decreto sobre Seguros entró en vigencia a partir del 1 de Enero de 1997. Esta ley alcanza a la totalidad de la actividad y requiere que el capital en acciones de las compañías que se dedican a seguros de vida no sea inferior a N20 millones (20 millones de nairas). Sin embargo, cuando la actividad de seguros generales incluye seguros para petróleo y gas o el seguro de créditos, títulos y garantías por todo riesgo para contratistas y seguros contra todo riesgo de ingeniería o actividades aseguradoras en los rubros marítimo y aviación, será necesario integrar un capital adicional de no menos de N50 millones.
La ley de seguros ha sido modificada para otorgar a la Corporación Nacional de Seguros (NICON) el derecho exclusivo de asegurar ciertas propiedades del Estado.
Decreto sobre la Corporación Nacional de Seguros
El Decreto sobre la Corporación Nacional de Seguros también entró en vigencia el 1 de Enero de 1997. Es ésta tanto una legislación reguladora como supervisora, con un directorio compuesto por un presidente de dedicación parcial, tres miembros también de dedicación parcial designados por el Jefe de Estado; el Comisionado de Seguros, un director proveniente del Ministerio Federal de Finanzas, un director del CBN y una persona en representación del Instituto Público de Seguros de Nigeria. Las funciones de esta Comisión son, entre otras, el establecimiento de patrones de conducta para llevar a cabo la actividad aseguradora en Nigeria, la regulación de las transacciones entre aseguradores y re-aseguradores en Nigeria y aquellos del exterior, la actuación como consejero del Gobierno sobre todas las cuestiones relativas al seguro, la protección de los tenedores de pólizas de seguros, de beneficiarios y de terceros con respecto a los contratos de seguros, la contribución a los programas educacionales del Instituto Público de Seguros de Nigeria y del Instituo Oeste Africano del Seguro, y llevar a cabo toda otra actividad relativa o incidental a sus otras funciones de acuerdo con el decreto.
La Comisión designará un Comisionista de Seguros para el puesto de Presidente de la Comisión, quien será responsable por la puesta en práctica de las políticas de la Comisión como así también de su administración cotidiana. El decreto prevé el eventual control y gerenciamiento de una institución aseguradora fallida. También faculta a la Comisión, con la aprobación previa por parte del Ministerio, de informar acerca de la quiebra, o aseguradora quebrada, o de cualquier persona responsable para ser enjuiciada de acuerdo con el Decreto sobre Quiebras Bancarias (decreto sobre recuperación de deudas y mala praxis en la administración bancaria). Este decreto deroga el Decreto Nº 20 de 1989 sobre el Fondo de Supervisión de Seguros y el Fondo de Supervisión de Seguros, quedando en consecuencia sin efecto alguno.
El Decreto sobre la Comisión Reguladora de Empresas Públicas
Este decreto, también conocido como el "Decreto de Contratos Quebrados", que entró en vigencia el 1 de Enero de 1997, regula y supervisa las operaciones de todas las Empresas Públicas y compañías propiedad del Gobierno, incluyendo el otorgamiento y cumplimiento de los contratos y actividades conexas.
La Comisión de Valores y Cambio (SEC) tuvo su origen en el Comité de Emisión de Capitales "ad-hoc", que fuera establecido en 1962 en el CBN para regular las emisiones públicas de valores, en un esfuerzo por asegurar que la capacidad del naciente mercado no se viera desbordada, ya que esta alternativa impactaría negativamente sobre su desarrollo.
Los adelantos en las actividades del mercado, y la puesta en práctica de la visión nativa que tuviera efecto a principios de la década del 70 fueron los factores principales que motivaron el establecimiento de una agencia reguladora para el mercado de capitales en Nigeria. En consecuencia, en el año 1973 fue creada la Comisión de Emisión de Capitales (CIC), relegando al Comité de Emisión de Capitales.
Sin embargo, el CIC no tenía jurisdicción sobre las compañías privadas, aunque todas las empresas públicas, cotizaran o no, caían bajo su competencia.
El CIC continuó en operaciones hasta que fue establecida la Comisión de Cambio y Valores (SEC) por la ley de 1979 (revalidada por el Decreto Nº 29 de 1988). El decreto faculta a la SEC con las responsabilidades gemelas de regular y desarrollar el mercado de capitales nigeriano con el objetivo último de proteger al público inversor y acelerar el desarrollo socio-económico.
En pos de su rol en el aspecto del desarrollo, conferido por la Sección 6 (h) del decreto habilitante, la Comisión, a través de su División de Desarrollo del Mercado e Investigación, recoge y analiza en forma regular información sobre el mercado de capitales. Sus publicaciones tienen el fin de proveer información actualizada, oportuna y erudita sobre valores.
Como parte de su estrategia de desarrollo, la Comisión organiza periódicamente foros públicos de conferencias y seminarios para estimular cuestiones puntuales de interés para el mercado. Las resoluciones adoptadas en dichos foros a menudo dan sustento a las recomendaciones formuladas por la Comisión al Gobierno acerca de políticas, algunas de las cuales resultan en la introducción de importantes programas de gobierno tales como privatización y conversión de la deuda.
Como sucede en otros países, la regulación del mercado de capitales en Nigeria está dirigida esencialmente a la protección de los inversores de las prácticas desleales e impropias en dichos mercados, que la historia ha demostrado como peligrosas para su estabilidad y aun para la de la economía. La regulación del mercado en Nigeria está basada en la total transparencia, poniendo el énfasis en la información adecuada, oportuna y precisa, para permitir la toma de decisiones a un inversor informado. Los instrumentos que la Comisión utiliza para la puesta en práctica de sus funciones regulatorias incluyen la inscripción de los operadores en valores, la vigilancia del mercado, la inspección de libros y de operadores, la investigación de violaciones a la ley de valores que se hayan advertido, los procedimientos coercitivos y el establecimiento de reglas. La regulación del mercado ha sido sensible a los cambios y al desarrollo del mercado de capitales e indudablemente ha asegurado la estabilidad del mismo.
Hacia finales del mes de Abril de 1997 había 267 valores inscriptos en la Bolsa de Valores de Nigeria, compuestos de 184 acciones, 56 títulos de créditos industriales, 23 títulos del Gobierno y 4 obligaciones de Estados con capitalización en el mercado de acciones, haciendo un total de N387,28 billones, lo que significa un aumento del 23,87% con respecto a la misma cifra para el año 1996.
El Programa de Incentivos para la Promoción de la Exportación
La política fiscal con relación a las exportaciones ha sido la de alentar la exportación no petrolífera, con vistas a mejorar el ingreso de divisas y reducir la sobre-dependencia de los ingresos provenientes del petróleo crudo. A este respecto los programas de incentivos a la exportación han sido desarrollados y están siendo implementados vigorosamente. Estos programas incluyen el Programa de Reintegro de Aranceles, el Subsidio a la Expansión de Exportaciones y el Programa de Manufacturas Entrecruzadas. Estas medidas están destinadas a promover y estimular las exportaciones no-petrolíferas y han producido resultados favorables, ya que la mayoría de los cuellos de botella en las gestiones de exportación han sido removidas.
Durante más de dos décadas el Gobierno ha invertido en proyectos que han estado dirigidos exclusivamente al sector privado. Estas inversiones han sido bajo la forma de créditos otorgados por organismos multilaterales y el mercado de capitales internacional, como asimismo con ingresos generados internamente. Las puertas permanecían cerradas a la inversión privada extranjera. El mejoramiento en el nivel de vida que se desea sólo puede realizarse con inversiones en el crecimiento. En vista de la pobreza relativa en recursos de inversión dentro del país, es imperativo tomar toda medida que sea factible para mejorar la movilización e utilización de recursos.
En consecuencia, el Gobierno ha optado por continuar con la política de comercialización y privatización de empresas públicas clave, como una manera de alentar el gerenciamiento eficiente de los hasta ahora recursos estancados. El Gobierno planea tratar con el sector privado organizado sobre la Argentina de una mutua confianza, encarando diálogos constructivos con socios externos que demuestren interés.
El Gobierno ha declarado en forma inequívoca que le da la bienvenida a la competencia. Por esta razón ha alentado y permitido que el sector privado compita con emprendimientos comerciales gubernamentales. Esto será promovido aún más a través de nuevos incentivos para impulsar la inversión privada en competencia con compañías privatizadas como un derecho propio. El Gobierno está preparado para considerar acuerdos de protección de inversiones con gobiernos extranjeros o con organizaciones privadas que deseen invertir en Nigeria. El Gobierno da la bienvenida a las inversiones en las áreas de las telecomunicaciones, generación de energía eléctrica, la exploración petrolífera, refinerías para la exportación, explotación de carbón y bitumen, hoteles y turismo.
El Gobierno está preparado para considerar incentivos adicionales con posibles inversores de manera de adecuar dichos incentivos a las necesidades de cada inversor individual. La mayoría de las leyes inhibidoras de la competencia en todos los sectores de la economía han sido derogadas.
Hasta el presente muchos contratos ingresados a Nigeria han estado expresados tanto en nairas como en la moneda extranjera, bajo de la forma de gastos fronteras adentro y gastos fronteras afuera. Teniendo en cuenta la actual estabilidad de la moneda nigeriana, todos los contratos ingresados en Nigeria, a partir del 1 de Enero de 1997 estarían expresados solamente en nairas. La cuestión de los gastos fuera o no de las fronteras dejaría de ser aceptable para cualquier contrato dentro de Nigeria.
El Fondo de Fideicomiso del Petróleo comenzó a operar masivamente a escala nacional al aprobarse su mandato en 1996. Estas operaciones incluyen la reparación de caminos, el suministro de drogas esenciales y la rehabilitación del sistema urbano de provisión de agua. De esta manera el Fondo encaró la reparación de 12.500 kilómetros de autopistas federales inter-ciudades y de rutas urbanas en todo el país. Complementándose con el Programa de Apoyo a la Familia (FSP) en el área del Programa Nacional de Inmunización (NPI), el PTF procedió a donar a los Estados vehículos y vacunas además del suministro de drogas esenciales. En algunos Estados participó además del financiamiento de proyectos de obras para la provisión de agua.
El PTF continúa llevando adelante en forma vital proyectos en áreas de la agricultura y en sectores de la educación y la salud. Dentro de ese marco, todos los organismos federales y los entes seleccionados dentro de los gobiernos estatales, desde el nivel primario hasta el terciario, serían rehabilitados. Los libros de textos y útiles escolares han sido provistos a las escuelas a precios accesibles. Para impulsar la provisión de alimentos, el PTF encararía la recuperación de maquinaria agrícola en todo el territorio nacional. Los proyectos relacionados con los silos de la Reserva Estratégica de Granos serían puestos en marcha. Por añadidura, las instalaciones para la producción ganadera serían recuperadas, completándose el estudio para el plan maestro sobre el sub-sector de la pesca nacional. El fondo también colaboraría con NITEL y con NEPA con miras a facilitar la conexión de todas las jefaturas locales de gobierno con la grilla nacional.
El Programa de Ayuda Económica para la Familia ha sido conceptualizado para manejar todo el potencial existente en las áreas locales con vistas a establecer industrias caseras viables, junto con otros proyectos que asegurarían el tan deseado desarrollo de la población local. La maquinaria y equipos a ser utilizados serían fabricados localmente, utilizando tecnología nativa. El Gobierno ya ha encarado un reconocimiento de los productos agrícolas y de las materias primas disponibles en todos los gobiernos locales de la Federación. Estas industrias caseras se establecerían a nivel de barrio en todas las zonas de gobiernos locales según la ventaja comparativa de cada zona.
Dado que la mayor parte del programa es ejecutado dentro de la jurisdicción de los gobiernos locales, el Gobierno Federal sólo actúa como proveedor de financiación por medio de préstamos renovables hechos a los prestatarios a través de Bancos comerciales, populares y comunitarios. Los Programas de Entrenamiento serían conducidos por la Dirección Nacional del Empleo.
En el presupuesto de 1997 se asignaron 4.3 billones de nairas para préstamos renovables. De esta cantidad, 1.71 billones de nairas se gastarían en instalaciones y maquinaria, 0.8 billones de nairas en capital de trabajo y 0.79 billones de nairas para servicios auxiliares. Los préstamos producirían un interés supuesto del 5% anual.
En general, desde la asunción de la actual administración, la economía ha sido testigo de diversas medidas tendientes a su revitalización. Una de las más efectivas ha sido la introducción de políticas liberales de importación, y la intensa diversificación y reorganización de la Argentina económica como un camino para impulsar y sostener la estructura de recaudación del Gobierno.
Sin duda estas medidas han dado sus frutos, como ha quedado evidenciado por la reducción de la deuda externa, el incremento de la recaudación, el aumento de las exportaciones no-petrolíferas, el surgimiento de superávit en los presupuestos, el acrecentamiento en las reservas externas, la estabilidad del tipo de cambio, el aumento del Producto Bruto Interno y la reducción del índice de inflación, entre otros resultados.